Participamos en la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), realizada del 24 al 28 de febrero de 2026 en Cartagena, Colombia, un espacio global que reunió a gobiernos, organismos internacionales, organizaciones sociales, pueblos indígenas, comunidades campesinas y sociedad civil para renovar los compromisos en torno al acceso equitativo a la tierra, la gobernanza de los territorios y el desarrollo rural sostenible.
En este importante encuentro internacional, reafirmamos la necesidad de que los derechos de las mujeres rurales e indígenas ocupen un lugar central en las políticas de reforma agraria y gobernanza de la tierra. Asimismo, se destacó que garantizar el acceso, uso, control y gobernanza de la tierra, el agua y los territorios para las mujeres es una condición indispensable para avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles, la justicia climática y la igualdad de género.
Como Plataforma, contribuimos a los espacios de diálogo e intercambio de experiencias, visibilizando los desafíos que enfrentan las mujeres rurales de América Latina para el ejercicio efectivo de sus derechos sobre la tierra y los territorios. Así, la ICARRD+20 representó una oportunidad para fortalecer alianzas con organizaciones, movimientos sociales e instituciones internacionales comprometidas con la justicia agraria y los derechos de las comunidades rurales.
«En los territorios, las mujeres continúan en una situación de vulnerabilidad. La expansión de territorios destinados a la minería y al agronegocio limitan aún más el acceso y control de la tierra por parte de las comunidades, afectando de manera particular a las mujeres. En este contexto, fortalecer las organizaciones sociales y de mujeres resulta clave para la defensa de sus derechos.»
– Ruth Bautista, Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS)
La Plataforma Mujeres y Derechos a Tierra y Territorios continuará impulsando acciones de incidencia regional para que los compromisos alcanzados en la ICARRD+20 se traduzcan en políticas públicas y acciones concretas que garanticen los derechos de las mujeres rurales e indígenas, reconociendo su papel fundamental en la defensa de los territorios, la producción de alimentos y la sostenibilidad de la vida.