A nivel mundial, menos del 15 por ciento de todos los propietarios de tierras son mujeres. Sin embargo, esta cifra se hace más preocupante en América Latina y el Caribe donde se desconoce el número de mujeres indígenas que han logrado acceder al reconocimiento de su derecho a la tierra y el territorio, situación que también les impide alcanzar la igualdad de oportunidades.
Según un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2020, el número de mujeres indígenas en América Latina y el Caribe equivale a 8.5% de la población. De este total, alrededor de 28 millones son hombres y 26 millones lo constituyen las mujeres indígenas en la región.
Las mujeres indígenas han sido las protectoras de la tierra y de los recursos naturales desde tiempos inmemoriales; sin embargo, este rol fundamental para la preservación del medio ambiente no es reconocido por los Estados y ellas deben hacer frente a la discriminación.
Debido a la falta de titularidad, las mujeres se encuentran limitadas a participar en órganos de representación, no pueden acceder a programas sociales y no tienen la posibilidad de solicitar crédito o financiamiento. Por ello, uno de los retos es generar políticas públicas encaminadas a incrementar el reconocimiento de la titularidad de las mujeres sobre la tierra para que puedan acceder a recursos que permitan su independencia económica, para beneficio de sus familias y del desarrollo del país.
Esta problemática genera una situación de pobreza extrema asociada al género, ya que el 7% de las mujeres indígenas viven con menos de 1.90 dólares diarios y dependen en mayor medida de un empleo informal, realidad que va ligada a la falta de reconocimiento de sus derechos.
“Es urgente dar a conocer la realidad de las mujeres indígenas latinoamericanas y dejar a un lado los estereotipos y la discriminación para dar paso al reconocimiento del rol que cumplen como defensoras de la naturaleza y la preservación del medio ambiente. Esto debe partir de los Estados a través de la elaboración de políticas públicas en favor de sus derechos”, expresó Raquel Reynoso, facilitadora de la Plataforma Regional Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la ILC.
DERECHO A LA TIERRA Y TERRITORIO
Un hito importante para las mujeres y niñas indígenas lo constituye la aprobación de la Recomendación General 39 de la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), que tiene como objetivo orientar a los Estados sobre las medidas legislativas y políticas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos de las mujeres indígenas.
“La CEDAW identifica la necesidad de que los Estados garanticen todos los derechos para las mujeres indígenas, siendo uno de ellos su derecho al acceso a la tierra y territorios; cada Estado deberá de aplicar leyes y políticas públicas para proteger estos derechos. Las mujeres indígenas cuentan con conocimientos ancestrales y trasmiten su cultura a sus pueblos y familias. Ellas cumplen un papel fundamental, sobre todo hoy en día que el planeta se ve afectado por el cambio climático”, agregó la vocera.
En ese sentido, la campaña de la Plataforma Regional Mujer Rural y Derecho a la Tierra con elapoyo de la ILC: “Mujeres, tierra y territorio: tiempos de cambio y transformación”, sobre la situación de las mujeres y el acceso a la tierra, tiene como objetivo contribuir a la implementación de políticas públicas sobre mujeres indígenas en países de América Latina para así derribar estereotipos, promover su empoderamiento y visibilizar los problemas que afectan a mujeres y niñas indígenas.
Reynoso remarcó que se debe promover una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre la tierra y el territorio, y en la tenencia individual y colectiva, lo cual abre paso para su independencia y mejoras en la calidad de vida. Los Estados tienen una gran responsabilidad como garantes de derechos y ahora tienen que implementar la Recomendación General 39 de la Cedaw.
La Plataforma Regional Mujer Rural y Derecho a la Tierra, una alianza de 34 organizaciones de base, académicas, no gubernamentales y movimientos sociales de 15 países de América Latina y el Caribe que aborda la desigualdad de género en el mundo rural desde la perspectiva del derecho a la tierra y al territorio. Esto implica tanto la visibilización de las difíciles situaciones que enfrentan las mujeres del mundo rural para alcanzar la garantía de sus derechos, como el fortalecimiento y acompañamiento en sus luchas y acciones de resistencia para asegurar el acceso y la tenencia de la tierra; la participación en la toma de decisiones comunitarias, colectivas y familiares; la protección contra todas las formas de discriminación y violencia; y sobre todo, la defensa del derecho a una vida digna en sus territorios.
