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• Evento sobre derechos de las mujeres destaca que aquellas que se dedican a la agricultura en Colombia, Nicaragua, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay representan el 40% de su población.

• Además, el 7% de las mujeres indígenas vive con al menos 1.90 dólares diarios.
  
  En América Latina y El Caribe existen 26.5 millones de mujeres indígenas, pero se estima que en la mayoría de los países apenas un 8% de mujeres accede al derecho de obtener títulos de tierras, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
  
  Estas cifras fueron analizadas en el evento ‘Recomendación general 39 de la CEDAW: Retos para su implementación en América Latina’, donde, además, se puso en relieve la preocupación y la necesidad de reconocer este derecho a todas las mujeres indígenas en el Perú y América Latina.
  
  En dicha actividad, organizada por la plataforma regional «Mujer Rural y Derecho a la Tierra», con el apoyo de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra – ILC, se exhortó a los Estados de cada país a aplicar medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos de las mujeres y niñas indígenas bajo algunos principios que establece la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
  
  En el webinar se resaltó que por lo menos en Colombia, Nicaragua, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, las mujeres dedicadas a la agricultura familiar superan los 7.8 millones, es decir, el 40% del total de su población.
  
  Es importante precisar que el 7% de las mujeres indígenas vive con menos de 1.90 dólares diarios y dependen en mayor medida del empleo informal, que constituye una situación de pobreza extrema.
  
  Amparo Cerrato, representante de la FAO, indicó durante el webinar que las cifras sobre la tenencia de tierras en manos de mujeres en América Latina revelan que no hay un acceso equitativo entre mujeres y hombres. Además, señaló que las mujeres rurales presentan tendencias a la pobreza, hambre, violencia, entre otros aspectos negativos que enfrentan en su vida diaria. «Mujeres con derechos solidos a la propiedad y tenencia a la tierra, ganan hasta 3.8 veces más ingresos y sus ahorros individuales son hasta un 35% superiores», destacó.
  
  Por su parte, Catalina Ivanovic, consultora de Género de la FAO, explicó que se necesitan políticas públicas que «ayuden a entender cómo estos sujetos femeninos y masculinos se ven afectados de manera diferenciada por este conjunto sistémico de desigualdad».

A su turno, Melania Canales Poma, coordinadora de ECMIA Región Sur, y expresidenta de Onamiap Perú, explicó que si bien existe la ley de consulta previa, el Estado no la acata cabalmente. «Nosotras venimos exigiendo también esos derechos al igual que la falta de titulación. Muchas veces se titula la tierra, pero no el territorio (…) Algunos países, como el caso del Perú, tienen las leyes de consulta, pero es meramente administrativo. Al final el Estado es el que decide despojar los territorio para las actividades extractivas», destacó.

En otro momento, Barbara Ortiz, especialista de ONU Mujeres, mencionó que el gran reto de la Recomendación General 39 de la CEDAW es lograr su plena implementación. Resaltó que “los retos son grandes y para revertirlos necesitamos voluntad política, presupuesto y cambios socioculturales. Los dos primeros deberían ser garantizados por los gobiernos de turno porque son ellos como Estados los responsables de garantizar el respeto a los derechos; pero el tercero, que es el cambio sociocultural, tiene que venir de toda la sociedad. Es un trabajo colectivo que debemos hacer para que la Recomendación General 39, que es un logro de las organizaciones y de las mujeres indígenas, sea una realidad en
nuestras regiones”.

En esta actividad también participó Doris Gutiérrez, Designada Presidencial de Honduras, quien explicó que en su país las condiciones no favorecen a las mujeres. El contexto en su país es de inseguridad hacia las mujeres y hombres indígenas que defienden la tierra. “Tenemos un Código Penal de la impunidad que criminaliza la lucha por la tierra. En este momento hay una serie de asentamientos campesinos que están siendo denunciados por los terratenientes que reclaman la propiedad de las tierras”, puntualizó la Designada Presidencial hondureña.

Otra de las ponentes fue Merlis Guzmán, de Las Poderosas, de las Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas de Monte de María (Colombia). En su intervención, refirió que las mujeres indígenas están muy por debajo al acceso de las tierras. «Nuestros abuelos enseñaban a las mujeres que ellas tenían que estar en casa cuidando a los niños mientras que los hombres eran los propietarios de los predios y, cuando morían los padres, quienes heredaban las tierras eran los hombres. Solo las mujeres heredaban los animales», narró.

Agregó que todo esto ha sido una problemática grande para las mujeres en su intención de acceder a las tierras. «Nosotras como lideresas estamos luchando para tumbar estas normas sociales. Estamos trabajando en las nuevas masculinidades en diferentes comités, trabajando con estos hombres y demostrando que nosotros somos fuertes y podemos para trabajar en la tierra», enfatizó.

En este webinar, realizado el 11 de mayo, que forma parte de la campaña «Mujeres, Tierra y Territorio: Tiempos de cambio y transformación», también participaron Zulema Burneo, coordinadora Regional para América Latina y el Caribe de la International Land Coalition, ILC; Nuria Cordón de la Red Hosagua – Región Trifinio y Raquel Reynoso, de la Asociación SER y facilitadora de la plataforma regional Mujer Rural y Derecho a la Tierra, quienes coinciden en demandar a los Estados la pronta implementación de la Recomendación hecha por la CEDAW, para garantizar el acceso justo e igualitario a la tierra a las mujeres de Latinoamérica.

Para conocer más sobre la campaña puede ingresar al siguiente link: https://www.facebook.com/MujerTierrayTerritorio

Las acciones multi país llevadas a cabo entre diversos miembros que impulsan la iniciativa ‘Mujer Rural y Derechos a la Tierra’ han permitido visibilizar cómo las mujeres rurales se han organizado para luchar con más fuerza por la tierra, además de evidenciar que sus conocimientos son necesarios para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

LUCHAS POR LA TIERRA EN HONDURAS Y NICARAGUA

Nitlapan, Trocaire y la Estrategia para el Acceso Democrático a la Tierra a favor de pobladores rurales en situación de pobreza (ENI Nicaragua) unieron esfuerzos para la elaboración del estudio de caso “Mujeres rurales: entre el despojo y la persistencia”, el cual visibiliza las estrategias de mujeres de Honduras y Nicaragua para garantizar su acceso a la tierra. Este estudio señala que los obstáculos legales siguen siendo uno de los mayores problemas para el acceso a la tierra en ambos países centro, pero al mismo tiempo, las mujeres no dejan de luchar para que se aseguren sus derechos a la tierra. Además, se destaca que las mujeres están empoderadas, conocen sus derechos y saben cómo defenderlos. En esta búsqueda, las recuperaciones de tierras que son propiedad del Estado y la formación de empresas asociativas han sido algunas de las estrategias impulsadas para que las mujeres obtengan la propiedad de la tierra y para su fortalecimiento organizativo y participación política.

LA IMPORTANCIA DE LA AGROECOLOGÍA PARA LA IDENTIDAD DE LAS MUJERES RURALES

Ecolex, Espacio Feminista y Ecommunis fomentaron intercambios de conocimiento entre mujeres rurales de Ecuador, Brasil y México sobre temas como el reconocimiento de conflictos por la tierra y la valoración de las apuestas agroecológicas de las mujeres en territorios que son impactados por el agronegocio y el extractivismo. Como resultado, se logró dar voz y mayor visibilidad a las mujeres agricultoras, indígenas y afrodescendientes a fin de valorar y fortalecer sus identidades, salvaguardando el conocimiento intergeneracional. Asimismo, en este intercambio de experiencias entre países, se evidenció que la sostenibilidad del medio ambiente y de la cultura han sido tareas predominantemente de las mujeres, que son las detentoras y guardianas de los saberes tradicionales. A futuro, estas acciones permitirán que se realicen más intercambios, como forma de crear redes de acción conjunta y solidaridad para enfrentar el despojo de sus territorios.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la iniciativa ‘Mujer Rural y Derecho a la Tierra’ publicó tres informes que profundizan en la situación de las mujeres rurales en Nicaragua, Perú y Colombia y contribuyen a visibilizar las múltiples violencias y formas de discriminación que enfrentan estas, así como sus estrategias de resistencia y lucha. También incluyen recomendaciones a diferentes actores, del ámbito gubernamental o de los espacios de la sociedad civil, llamados a contribuir con el cese de la violencia contra ellas y que deben ser tomadas en cuenta al momento de orientar acciones para garantizar el acceso a la tierra y otros derechos para mujeres rurales.

MUJERES SE ORGANIZAN PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS EN PERÚ

En el informe “Mujeres rurales en el Perú: indicadores clave para una vida digna” se evidencia que persiste una elevada desigualdad entre las mujeres y los hombres en términos de participación, manejo de la producción (de las ganancias que se generan), y la administración y decisión sobre sus territorio. Aunque este informe hace énfasis en las principales situaciones que afectan a las mujeres rurales del país, también explica que, a pesar de la discriminación y violencia que sufren, estas han generado interesantes experiencias de organización para la denuncia de abusos, y el conocimiento y defensa de sus derechos. Estos aspecto son clave se se considera el alto nivel de conflictividad social que se da en sus territorios.

MÚLTIPLES VIOLENCIAS CONTRA MUJERES RURALES DE COLOMBIA

El estudio “Violencias basadas en género contra mujeres rurales” da a conocer los diferentes tipos de violencias basadas en género[1] que afectan a las mujeres rurales de Colombia y que se cruzan con otros problemas que enfrentan, como las dificultades para acceder a la tierra, la informalidad laboral, la tasa de analfabetismo o la escasez de recursos económicos, entre otros. Se explica cómo este tipo de violencia se entrelaza con la estigmatización del campesinado, los pueblos indígenas y las poblaciones negras, llegando a inferiorizarlos y subvalorando sus saberes ancestrales, sus prácticas culturales y su visión del mundo y el territorio.

ESTRATEGIAS DE LAS MUJERES RURALES DE NICARAGUA PARA ACCEDER A LA TIERRA

Por otra parte, el informe «¿Cómo encaran las mujeres rurales la falta de tierra y otros recursos productivos en Nicaragua?» explica las estrategias impulsadas por las mujeres rurales para hacer frente a la falta de recursos y las dificultades para su acceso a la tierra, como el alquiler de tierras, la pluriactividad[2] y la gestión de las remesas enviadas por familiares desde el exterior. Este estudio también analiza la relación existente entre la capacidad de agencia[3] de las mujeres rurales que luchan por tierra y recursos productivos con los programas o las políticas orientadas a reducir la pobreza en las familias rurales en Nicaragua.

[1] Las violencias basadas en género son hechos de violencia, discriminación y vulneración de derechos humanos que se ejercen contra una persona por estereotipos, imaginarios colectivos y roles de género impuestos y naturalizados, que privilegian “lo masculino” sobre “lo femenino”, tanto en el ámbito público como privado.
[2] Mujeres rurales que vinculan el trabajo agrícola con el trabajo no agrícola para aumentar sus ingresos.
[3] Se entiende por agencia la habilidad que poseen las mujeres para procesar su propia experiencia, encontrando formas de hacer frente a las circunstancias difíciles.

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, 15 de octubre, la iniciativa ‘Mujer Rural y Derecho a la Tierra’ de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC – Latinoamérica) presenta una infografía con datos encontrados en 9 países de América Latina y el Caribe (Honduras, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina) sobre la situación de las mujeres rurales en la región. La infografía busca aportar a la visibilización, desde las cifras, de la condición de las mujeres rurales respecto al acceso a la tierra, tipos de tenencia, ocupación en el mundo rural, educación y autoreconocimiento étnico; además, ofrece datos sobre el total de población de mujeres rurales que existe en cada uno de los países mencionados.

Actualmente no existen datos suficientes ni muy actualizados sobre la población rural femenina en América Latina y el Caribe; sin embargo, recientes informes (ONU Mujeres 2018 y ALOP 2017) dan pistas sobre la continuación de las brechas históricas en la garantía de los derechos de las mujeres a nivel global y para el caso específico del mundo rural.Por ejemplo, sólo el 13% de mujeres en el mundo son propietarias de tierras rurales (ONU Mujeres, 2018).

En el 2015, según datos de ONU Mujeres, la población rural de Latinoamérica y el Caribe representaba el 21% de la región; de este porcentaje, la mitad eran mujeres, de las cuales el 20% pertenecía a comunidades indígenas y afrodescendientes. En el 2010, en Latinoamérica y el Caribe, las mujeres rurales representaban el 20% de la fuerza de trabajo agrícola, “con diferentes formas de inserción en el mundo laboral, entre ellas, el trabajo por cuenta propia, el trabajo no remunerado y el trabajo asalariado en empresas y otras unidades productivas” (FAO 2017, p. 1).

Esta diversidad de ocupaciones expresa la variedad de un sujeto social que ha tendido a ser visto como uniforme: las mujeres rurales en América Latina son pescadoras, recolectoras, asalariadas o agricultoras, indígenas, afrodescendientes, mestizas y con diversas identidades de género. Asimismo, realizan actividades del sector de servicios del mundo rural (comunicaciones, alimentación, turismo) y generan ingresos extras mediante el cuidado de los niños de la comunidad o la elaboración de artesanías. Si bien esta diversidad indica múltiples fuentes económicas, en realidad las mujeres enfrentan serias dificultades que amenazan la permanencia en sus territorios y el derecho a una vida digna y libre de violencia, como brechas salariales, imposibilidad del acceso a créditos asociada a la baja tasa de propiedad de la tierra en manos de las mujeres, violencia sexual y la persecución contra las defensoras de la tierra y el territorio, entre otras.

Por otra parte, las mujeres del mundo rural están mucho más expuestas que las urbanas a la sobrecarga de trabajo debido a las divisiones sexuales del trabajo tradicionales. Su papel en la reproducción social es invisibilizado por la subvaloración “del trabajo reproductivo, productivo y para el autoconsumo” (FAO 2017, p. 1) y por su baja posibilidad de participación política institucional.

Más información

Organizaciones impulsoras de la iniciativa ‘Mujer Rural y Derechos a la Tierra’ se reunieron para revisar los avances en la región y definir rutas conjuntas para promover los derechos de las mujeres rurales en América Latina. Con el fin de acordar los próximos pasos y coordinar el trabajo en red para el impulso de la iniciativa ‘Mujer Rural y Derechos a la Tierra’ que implementan miembros de la red ILC en distintos países, se llevaron a cabo dos encuentros subregionales: uno en Bogotá (Colombia) en junio, con el apoyo del CINEP/PPP como organización afitriona, y otro en Panajachel (Guatemala) en julio, con la facilitación del CCDA.

Los espacios permitieron el intercambio de experiencias en pro del empoderamiento de las mujeres promovidas por diversas organizaciones y los alcances obtenidos. También se reflexionó sobre los cuellos de botella con los que han tenido que lidiar las organizaciones y las medidas que han llevado a cabo para hacer frente a dichas dificultades. Ambos encuentros fueron importantes espacios de aprendizaje de buenas prácticas para la construcción de acuerdos entre diversos actores (sociedad civil, gobiernos, actores privados, etc.) y sobre procesos de organización, incidencia y comunicación impulsados por organizaciones sociales/OSC para la promoción de los derechos de las mujeres rurales a la tierra.

En Colombia fue de gran interés el conversatorio con mujeres de las FARC sobre sus desafíos como mujeres rurales en la fase actual del postacuerdo. También se aprovechó para visitar experiencias de resistencia de la vida rural en las zonas periféricas de Bogotá. En Guatemala el énfasis estuvo en el aprendizaje sobre experiencias locales de producción autónoma. El encuentro también evidenció la criminalización de la protesta social y la grave persecución que padecen los/as defensores/as de derechos a la tierra y el territorio en el país.

Lea el blog sobre el Encuentro Subregional en Centroamérica «Aprendiendo sobre mujeres defensoras y productoras en el Encuentro Centroamérica sobre Mujeres Rurales y Derecho a la Tierra» de Liliana Vianey del FIMI.

Entre mayo y junio los miembros que impulsan la iniciativa ‘Mujer Rural y Derechos a la Tierra’ han avanzado con el desarrollo de diversas acciones multi país. Ecomunnis (México), Espacio Feminista (Brasil) y Ecolex (Ecuador) están trabajando para fortalecer la formación política de mujeres rurales de diferentes etnias, culturas e identidades y garantizar el derecho a la tierra y al territorio de sus comunidades, a través del proyecto “La agroecología como tema central para la valoración del campesinado y la identidad de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes”.

De otro lado, organizaciones de Centroamérica -Trocaire, Nitlapán, Coordinadora de mujeres rurales (Nicaragua) y UMCAH (Honduras)- están documentando tres experiencias de lucha por el derecho a la tierra de mujeres rurales para analizar las implicaciones de dichos esfuerzos en la vida de las mujeres rurales y extraer lecciones para futuras acciones a través de la acción la acción “Aprendiendo de las experiencias para acceder a la tierra”. Asimismo, se está avanzando con el “Intercambio de aprendizaje entre mujeres rurales de Argentina y Bolivia sobre el acceso al agua y la formación en derechos humanos” para fortalecer grupos de mujeres defensoras ambientales de la Región de Chacó Americano para la gobernanza de los recursos naturales, principalmente el agua. Esta acción es promovida por la Fundación Plurales (Argentina) y Cerdet (Bolivia).

Por otra parte, la Iniciativa está trabajando en la ampliación de sus tres informes sobre la situación de la mujer rural en Nicaragua, Perú y Colombia[1]. En Nicaragua, Trocaire y Nitlapan buscarán dar cuenta de las estrategias que siguen las mujeres rurales para enfrentar sus restricciones en el acceso a recursos y de la respuesta del gobierno a esta situación.

En Perú, ‘SER’ buscará visibilizar la situación de las mujeres de la zona amazónica y de mujeres afrodescendientes que se dedican a actividades agropecuarias en la costa. Finalmente, en Colombia el CINEP/PPP dará a conocer la situación de las mujeres rurales en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. La Iniciativa Basada en Compromisos (CBI) “Mujer Rural y Derechos a la Tierra” busca aumentar el acceso y control de la tierra y otros recursos por parte de las mujeres rurales, así como la mejora de su participación en la toma de decisiones sobre la tierra y el desarrollo rural en la región de América Latina y el Caribe. De igual forma, la iniciativa busca impactar las políticas nacionales en los países de las organizaciones que hacen parte de la iniciativa (Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Honduras, Costa Rica, Brasil, Argentina, Nicaragua, Costa Rica), a través de la consolidación del trabajo en red de las organizaciones vinculadas.

[1] Informes 2017