- Evento sobre derechos de las mujeres destaca que aquellas que se dedican a la agricultura en Colombia, Nicaragua, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay representan el 40% de su población.
- Además, el 7% de las mujeres indígenas vive con al menos 1.90 dólares diarios.
En América Latina y El Caribe existen 26.5 millones de mujeres indígenas, pero se estima que en la mayoría de los países apenas un 8% de mujeres accede al derecho de obtener títulos de tierras, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Estas cifras fueron analizadas en el evento ‘Recomendación general 39 de la CEDAW: Retos para su implementación en América Latina’, donde, además, se puso en relieve la preocupación y la necesidad de reconocer este derecho a todas las mujeres indígenas en el Perú y América Latina.
En dicha actividad, organizada por la plataforma regional «Mujer Rural y Derecho a la Tierra», con el apoyo de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra – ILC, se exhortó a los Estados de cada país a aplicar medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos de las mujeres y niñas indígenas bajo algunos principios que establece la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
En el webinar se resaltó que por lo menos en Colombia, Nicaragua, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, las mujeres dedicadas a la agricultura familiar superan los 7.8 millones, es decir, el 40% del total de su población.
Es importante precisar que el 7% de las mujeres indígenas vive con menos de 1.90 dólares diarios y dependen en mayor medida del empleo informal, que constituye una situación de pobreza extrema.
Amparo Cerrato, representante de la FAO, indicó durante el webinar que las cifras sobre la tenencia de tierras en manos de mujeres en América Latina revelan que no hay un acceso equitativo entre mujeres y hombres. Además, señaló que las mujeres rurales presentan tendencias a la pobreza, hambre, violencia, entre otros aspectos negativos que enfrentan en su vida diaria. «Mujeres con derechos solidos a la propiedad y tenencia a la tierra, ganan hasta 3.8 veces más ingresos y sus ahorros individuales son hasta un 35% superiores», destacó.
Por su parte, Catalina Ivanovic, consultora de Género de la FAO, explicó que se necesitan políticas públicas que «ayuden a entender cómo estos sujetos femeninos y masculinos se ven afectados de manera diferenciada por este conjunto sistémico de desigualdad».
A su turno, Melania Canales Poma, coordinadora de ECMIA Región Sur, y expresidenta de Onamiap Perú, explicó que si bien existe la ley de consulta previa, el Estado no la acata cabalmente. «Nosotras venimos exigiendo también esos derechos al igual que la falta de titulación. Muchas veces se titula la tierra, pero no el territorio (…) Algunos países, como el caso del Perú, tienen las leyes de consulta, pero es meramente administrativo. Al final el Estado es el que decide despojar los territorio para las actividades extractivas», destacó.
En otro momento, Barbara Ortiz, especialista de ONU Mujeres, mencionó que el gran reto de la Recomendación General 39 de la CEDAW es lograr su plena implementación. Resaltó que “los retos son grandes y para revertirlos necesitamos voluntad política, presupuesto y cambios socioculturales. Los dos primeros deberían ser garantizados por los gobiernos de turno porque son ellos como Estados los responsables de garantizar el respeto a los derechos; pero el tercero, que es el cambio sociocultural, tiene que venir de toda la sociedad. Es un trabajo colectivo que debemos hacer para que la Recomendación General 39, que es un logro de las organizaciones y de las mujeres indígenas, sea una realidad en
nuestras regiones”.
En esta actividad también participó Doris Gutiérrez, Designada Presidencial de Honduras, quien explicó que en su país las condiciones no favorecen a las mujeres. El contexto en su país es de inseguridad hacia las mujeres y hombres indígenas que defienden la tierra. “Tenemos un Código Penal de la impunidad que criminaliza la lucha por la tierra. En este momento hay una serie de asentamientos campesinos que están siendo denunciados por los terratenientes que reclaman la propiedad de las tierras”, puntualizó la Designada Presidencial hondureña.
Otra de las ponentes fue Merlis Guzmán, de Las Poderosas, de las Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas de Monte de María (Colombia). En su intervención, refirió que las mujeres indígenas están muy por debajo al acceso de las tierras. «Nuestros abuelos enseñaban a las mujeres que ellas tenían que estar en casa cuidando a los niños mientras que los hombres eran los propietarios de los predios y, cuando morían los padres, quienes heredaban las tierras eran los hombres. Solo las mujeres heredaban los animales», narró.
Agregó que todo esto ha sido una problemática grande para las mujeres en su intención de acceder a las tierras. «Nosotras como lideresas estamos luchando para tumbar estas normas sociales. Estamos trabajando en las nuevas masculinidades en diferentes comités, trabajando con estos hombres y demostrando que nosotros somos fuertes y podemos para trabajar en la tierra», enfatizó.
En este webinar, realizado el 11 de mayo, que forma parte de la campaña «Mujeres, Tierra y Territorio: Tiempos de cambio y transformación», también participaron Zulema Burneo, coordinadora Regional para América Latina y el Caribe de la International Land Coalition, ILC; Nuria Cordón de la Red Hosagua – Región Trifinio y Raquel Reynoso, de la Asociación SER y facilitadora de la plataforma regional Mujer Rural y Derecho a la Tierra, quienes coinciden en demandar a los Estados la pronta implementación de la Recomendación hecha por la CEDAW, para garantizar el acceso justo e igualitario a la tierra a las mujeres de Latinoamérica.
Para conocer más sobre la campaña puede ingresar al siguiente link: https://www.facebook.com/MujerTierrayTerritorio
